Posiciones
Allí donde la enseñanza moral católica es clara, Restore Europa la adopta por lo general como criterio moral de partida, y expone por separado su aplicación en el derecho civil. Se deja constancia explícita de una discrepancia: en materia de pena capital, Restore Europa asume la antigua admisión tradicional para casos excepcionales y no la posición abolicionista contemporánea.
El catálogo distingue el orden constitucional al que aspira Restore Europa del derecho europeo tal como hoy está. Varias posiciones —sobre la nacionalidad, sobre la privación de la ciudadanía, sobre la libertad de expresión, sobre la posición pública de la religión y sobre la pena capital— exigirían una reforma constitucional o de los tratados antes de poder promulgarse en determinados Estados europeos. Donde así sea, la entrada lo dice.
La versión 0.2 resuelve las cuestiones que la versión 0.1 había dejado abiertas: la relación institucional europea, el asilo, la expulsión, los salarios, la fiscalidad, las pensiones, la vivienda, la representación laboral, la identidad y la moneda digitales, la vigilancia biométrica, la ingeniería genética, la determinación de las penas, el mix energético y todas las cuestiones pendientes de política exterior. Cuando una formulación de la v0.2 haya revisado una entrada anterior, rige el texto más reciente.
La versión 0.3 añade el conjunto de entradas sobre la remigración y su ejecución. Distingue la ciudadanía, el estatuto de residencia, la expulsión penal, el retorno tras el asilo y la revisión de la nacionalidad, en lugar de tratar la remigración como una única potestad indiferenciada, y está redactada como política constitucional y legal propuesta, señalando por separado en cada entrada el derecho europeo e internacional vigente. Dos entradas anteriores —la naturalización y la expulsión de delincuentes extranjeros— quedan integradas en las formulaciones más recientes en lugar de duplicarse junto a ellas.
Todas las cuestiones de este catálogo llevan una posición. Las entradas marcadas como Derivada siguen la orientación del manifiesto sin que su aplicación esté fijada, y varias de ellas señalan la reforma legal o de los tratados que exigirían. Las posiciones se revisan a medida que el movimiento decide; la versión y la fecha que figuran arriba indican qué texto está leyendo.
24 de 98 posiciones coinciden.
II
El hogar como primera institución, y lo que la política pública le debe.
Una red de protección dirigida principalmente a los ciudadanos, a las familias y a quienes genuinamente no pueden mantenerse, que exprese solidaridad sin convertirse en una dependencia permanente y evitable.
III
La pertenencia a una comunidad política, y el orden europeo entre naciones.
La nación es una comunidad histórica entre generaciones, y los pueblos europeos tienen un interés legítimo en mantener la continuidad cultural e histórica.
La inmigración debe limitarse a niveles compatibles con una integración real, la estabilidad social, la capacidad de las infraestructuras y la continuidad demográfica.
El asilo es protección frente a una persecución real o a un peligro grave, no un mecanismo general para elegir el país de asentamiento preferido.
La protección debe facilitar la autosuficiencia en lugar de una dependencia permanente de las prestaciones sociales.
Los delincuentes extranjeros graves son expulsados al término del proceso penal y quedan excluidos de forma permanente; las infracciones ordinarias del régimen de residencia conllevan por regla general una prohibición de reentrada de diez años.
La ciudadanía es la pertenencia a una comunidad política histórica y no una consecuencia de la residencia, y Restore Europa rechaza como regla general la ciudadanía automática por nacimiento en el territorio.
La ciudadanía exige un estándar sensiblemente más alto que la residencia ordinaria o la integración: una asimilación lograda en la comunidad política nacional.
La descendencia nacional documentada puede justificar una vía de recuperación sustancialmente más rápida que la naturalización ordinaria.
Los ciudadanos naturalizados deben esperar cuatro años más desde la naturalización antes de obtener el pleno derecho de voto.
Los más altos cargos de la nación se reservan a los ciudadanos con un vínculo de nacimiento, descendencia e historia con el país, y no a la ciudadanía adquirida por sí sola.
La doble nacionalidad entre países europeos se acepta por lo general; de los ciudadanos no europeos que se naturalicen en una nación europea se esperaría la renuncia a su nacionalidad anterior.
La ciudadanía adquirida por naturalización puede revocarse judicialmente en casos de excepcional gravedad, como la naturalización fraudulenta, la traición o el terrorismo.
La remigración es el retorno organizado de quienes carecen de base legal para permanecer o la pierden, junto con una política de retorno voluntario, la aplicación estricta de las condiciones de residencia y la revisión de los estatutos obtenidos mediante fraude o mediante una irregularidad cualificada.
La integración es la incorporación lingüística, cívica, económica y social demostrable a la nación de acogida; la residencia por sí sola no basta.
Una legalización posterior no borra automáticamente un historial acreditado de entrada o permanencia irregulares; los casos ya regularizados pueden revisarse individualmente conforme al nuevo marco jurídico.
De los residentes extranjeros capacitados se espera que sigan siendo económicamente autosuficientes, y por regla general no les corresponde el mismo derecho asistencial indefinido que a los ciudadanos.
La ciudadanía recién adquirida queda sujeta a un periodo de prueba de diez años, con reglas de revocación reforzadas por causas graves definidas de forma estricta.
El estatuto de residencia del extranjero se pierde con mayor facilidad que la ciudadanía y puede retirarse cuando se incumplan de forma relevante condiciones definidas de admisión o de permanencia.
El Estado puede financiar una ayuda modesta y única al retorno cuando un extranjero regrese de forma voluntaria y estable al país de su nacionalidad o a otro país facultado para admitirlo.
La ciudadanía adquirida puede revocarse por una clase estricta de delitos de excepcional gravedad, seguida de la expulsión cuando los consiguientes requisitos de nacionalidad y de retorno puedan cumplirse conforme a derecho.
La política de retorno sigue un modelo de ejecución mixto: identificación e internamiento a efectos de expulsión cuando sea necesario, y después un estatuto temporal limitado si la expulsión sigue siendo imposible por el momento, manteniendo los esfuerzos por determinar la nacionalidad y obtener la readmisión.
Europa debe ser una comunidad de civilización formada por naciones soberanas, y no un Estado posnacional centralizado.
Restore Europa apoya una reforma de fondo de la Unión Europea para convertirla en un marco limitado de cooperación entre naciones europeas soberanas, con la mayor parte de las competencias políticas devueltas a los Estados miembros.
